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Las guarderías en donde ocurrieron las probables agresiones sexuales contra infantes carecían de verdaderos controles de seguridad para los pequeños usuarios, consideró Wendy Paola Chávez Villanueva, titular de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) a cargo de las investigaciones. Como ejemplo planteó la videovigilancia. Explicó que las estancias contaban con cámaras de video, pero carecían de un sistema de monitoreo permanente, es decir, de una persona a cargo de estar vigilando al personal a través del sistema de circuito cerrado. En la mayoría de los establecimientos el personal podía observar los monitores, por lo que no era difícil conocer los “puntos ciegos”, aunque la realidad era que nadie observaba las imágenes durante todo el tiempo que las niñas y los niños tenían contacto con el personal.
“A mí me parece que ese es un punto recurrente, no sé si así sea en todas. Las guarderías pueden decir que tienen muchas cámaras instaladas y sí, puede ser, pero no tienen a nadie a cargo del monitoreo permanente, nadie está viendo las imágenes”, expuso. Dijo que fue hasta que el Ministerio Público analizó las imágenes aseguradas en las estancias donde se reportaron casos de agresiones sexuales que solicitaron las imágenes y observaron algunas irregularidades. Otra omisión que detectaron fue que el personal no estaba asignado a una sola área, sino que el personal era ubicado acorde a las necesidades del servicio.
La fiscal planteó que corresponderá a otras instancias valorar una revisión integral de los protocolos de operación de las estancias, a fin de evitar más casos de ataques sexuales contra infantes.